Una de
las preocupaciones iniciales del gobierno militar en materia
educativa fue ejercer un control pleno sobre el sistema educativo.
Dos días después del golpe de estado del 24 de marzo de 1976,
el delegado militar ante el Ministerio de Cultura y
Educación, César Guzzetti, designaba delegados en todas las direcciones nacionales y generales del ministerio. Esta
resolución revelaba la preocupación inmediata de la Junta Militar
por tomar el control del aparato burocrático educativo. La nómina de
designaciones indica que no se trató de una ocupación
estratégica de algunas áreas relacionadas con la gestión
de las escuelas o las universidades, sino de un inmediato copamiento
con miembros de las fuerzas armadas de la totalidad de las
dependencias del Ministerio, desde las áreas de administración
y personal, hasta las de educación del adulto o educación
física. El
sistema educativo representaba uno de los cuerpos más numerosos
de la administración pública nacional. Además, en los años
anteriores al golpe, las instituciones educativas habían sido escenario de procesos
de radicalización política, creciente presencia sindical y habían experimentado
distintas iniciativas de apertura de la participación de los actores escolares. Concurrentemente
con este control ejercido sobre la estructura burocrática del sistema, la vida
cotidiana de las escuelas sufrió el impacto de la represión, los secuestros y
desapariciones, desde el inicio mismo de la dictadura. En alguna
medida, estas políticas represivas, al menos en la dimensión específicamente
pedagógica, registran ciertas continuidades respecto de gestiones educativas
inmediatamente anteriores. a la de la dictadura. El ministro Ivanissevich había iniciado
ya la persecución de docentes y el control ideológico sobre el cotidiano
escolar. La dictadura impuso, de todos modos, un salto cualitativo al
constituir estos elementos en el centro de su intervención en el sistema
educativo. Más allá de este copamiento integral de la estructura del sistema, durante el período 1976 – 1983, la cartera educativa fue una
de las que experimentó una mayor rotación de ministros: Ricardo
Bruera, Juan Catalán y Juan Llerena Amadeo, durante la presidencia de Videla;
Albano Harguindeguy, Carlos Burundarena durante la presidencia de Viola y
Cayetano Licciardo durante las presidencias de Galtieri y Bignone ocuparon el
Ministerio en seis años.
Desde el
punto de vista de las propuestas educativas es difícil hallar un denominador
común entre esta sucesión de ministerios, sin embargo, hubo una continuidad
represiva a pesar de la rotación de las gestiones. A la desaparición y
secuestro de estudiantes y docentes la acompañó la expulsión de maestros y profesores,
el control de los contenidos, la prohibición de libros, el control de las
actividades de los alumnos, padres y docentes, y la regulación de los
comportamientos visibles (ropa, cortes de pelo, etc.) que se extendieron a lo
largo de todo el período.
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